¿A favor de las grandes petroleras o los grandes datos?

De David Garcia & Jana Morgan el marzo 16, 2015

A sepia photo of oil pumps in California
Photo by Damian Gadal available under a Creative Commons License

Las CSO emplean datos limitados y exigen informes a nivel de proyecto.

¿Cuál es la diferencia más profunda entre el American Petroleum Institute (API) y las organizaciones de la sociedad civil en los países ricos en recursos que trabajan para que el sector extractivo sea más transparente y más responsable?

(Indicio: la respuesta que está buscando no es “la capacidad de pagar un ejército de abogados muy costosos” – aunque eso es válido también.)

Sin rodeos, una parte ve de cerca y todos los días las consecuencias humanas trágicas de la mala gestión de los recursos naturales y está en posición de hablar con credibilidad sobre las soluciones para este problema. La otra parte, muy alejada, es API.

En una serie de cartas recientemente presentadas ante la Comisión de Bolsas y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), líderes de organizaciones de la sociedad civil de Angola, Indonesia, Sierra Leona y Zimbabue hablan de la complejidad de los sectores extractivos de sus países, explican por qué el abordaje “suficientemente bueno” de API en cuanto a la divulgación de los pagos no es para nada bueno e instan a la SEC a imponer una norma para la Sección 1504 de la Ley Dodd-Frank (Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor) que exige informes a nivel del proyecto por contrato, licencia o arrendamiento.

Tomemos como ejemplo la carta presentada por Cecilia Mattia, de la Coalición Nacional de Abogacía para Extractivos (National Advocacy Coalition on Extractives — NACE) en Sierra Leona. La Sra. Mattia explica que su país tiene vigente un convenio de ingresos compartidos que asegura a los residentes de los barrios productores de diamantes (llamados “jefaturas” en Sierra Leona) una parte del rédito minero. El convenio de ingresos compartidos estipula que las jefaturas productoras de diamantes tienen derecho a un reparto de dinero del gobierno nacional, cuyo valor se determina, en parte, según el número de licencias de la respectiva jefatura. En Sierra Leona, la jefatura representa el tercer nivel administrativo inferior al nivel nacional, por debajo de las provincias y los distritos. Sin embargo, según explica la Sra. Mattia, la “avenencia” de API en cuanto a los informes a nivel de proyecto es de presentar informes solamente en el primer nivel inferior al nacional, o sea, en el caso de Sierra Leona, a nivel provincial. Considerando que las jefaturas representan el tercer nivel inferior al nivel nacional, la propuesta de API no mencionaría el número de licencias de cada jefatura. Por lo tanto, los residentes de los barrios productores de diamantes no obtendrían la información necesaria para asegurarse que reciben la parte correcta del rédito del gobierno nacional.

Aunque las cartas de Angola, Sierra Leona y Zimbabue ofrecen una perspectiva incisiva sobre las oportunidades perdidas por culpa de la mala gestión de los recursos naturales y lamentan la escasez de datos de alta calidad necesarios para construir un sector extractivo realmente transparente y responsable, cada una de estas cartas nos ha dado esperanzas.

Ha sido impresionante leer cómo ciertos miembros de Publish What You Pay – Zimbabue han trabajado con datos limitados para revelar fugas de ingresos equivalentes a cientos de millones de dólares. Y cómo NACE, en Sierra Leona, usó los datos de la EITI para descubrir que el gobierno había recibido solamente $10 millones por exportaciones de minerales estimadas en $145 millones en 2007 – un retorno muy inferior a aquellos de los países comparables. O cómo en Angola, la Iniciativa de la Sociedad Abierta de Sudáfrica (Open Society Initiative of Southern Africa – OSISA-A) usó datos limitados publicados por el Ministerio del Petróleo, el Ministerio de Finanzas y la empresa petrolera estatal Sonangol para divulgar discrepancias alarmantes: una diferencia de $8550 millones en el valor del petróleo supuestamente vendido por Sonangol en comparación a las cifras informadas por los ministerios; una diferencia de 87 millones de barriles de petróleo que el Ministerio del Petróleo pretendía haber exportado contra la cifra informada por el Ministerio de Finanzas; y una enorme divergencia entre el monto que los medios sostenían que se había pagado al gobierno en concepto de primas por firma de contrato en 2006 ($3200 millones) y los números declarados por el Ministerio de Finanzas ($998 millones). En una pequeña victoria, el presidente de Angola hizo cambios en el equipo directivo de Sonangol después de que OSISA-A publicó sus hallazgos.

Si bien las cartas de Angola, Sierra Leona y Zimbabue ponen en claro el trabajo revolucionario que las CSO podrían realizar si se les pusieran a disposición los datos a nivel de proyecto, Maryati Abdullah de Publish What You Pay – Indonesia destaca cómo su organización ha aprovechado ya los datos a nivel de proyecto. Las empresas que funcionan en Indonesia están obligadas a declarar sus pagos por proyecto, conforme al marco EITI del país. Indonesia es uno de los pocos países donde hay datos disponibles a nivel de proyecto. Aunque dichos datos están disponibles desde hace menos de dos años, PWYP – Indonesia ya los utilizó para identificar una empresa que funcionaba fuera del territorio para el cual tenía licencia (con un costo de $1.5 millones para el erario público) y para confirmar que el país recibe los pagos en especie de petróleo y gas en tiempo y además reveló cómo dos distritos gubernamentales ricos en recursos no habían invertido adecuadamente en el desarrollo social de su población.

Esperamos que pueda tomarse unos minutes para leer cada carta en su integridad, para formarse una idea de cómo es la verdadera transparencia según la gente que más sabe. En los documentos presentados ante la SEC, el American Petroleum Institute suele pretender que los datos detallados a nivel de proyecto – por contrato, licencia o arrendamiento – proporcionarían demasiada información a los ciudadanos de los países ricos en recursos, abrumándolos y haciendo que sea más difícil para ellos obligar a sus gobiernos a rendir cuentas. Aunque valoramos la preocupación del API, no podemos dejar de preguntarnos: ¿con quién han estado hablando? Porque no fue con Maryati Abdullah, Cecilia Mattia, Gilbert Makore o Elias Isaac. Y tampoco fue con ninguna de las 544 organizaciones de la sociedad civil que escribieron a la SEC en abril del año pasado. A decir verdad, estamos seguros que la mayoría se sentiría más desorientada ante el diagrama de API de su propia propuesta de informes, con todas sus flechas y cajas.

Jana Morgan es Gerente de Publish What You Pay – Estados Unidos

David Garcia es Asesor de políticas de Publish What You Pay – Estados Unidos