¿Qué reivindica PLQP?

PLQP pide que las compañías multinacionales, privadas y estatales divulguen en sus cuentas financieras anuales todos los tipos de pagos (regalías, impuestos, bonificaciones etc.) efectuados a los gobiernos de cada país en el que operan y publiquen a qué nivel de gobierno se realizaron los pagos.

¿Qué términos describen a las diferentes empresas del sector extractivo?

Las compañías petroleras internacionales (IOCs) abarcan a las corporaciones internacionales, por ejemplo ExxonMobil, BP y Royal Dutch/Shell.

Las compañías petroleras nacionales (NOCs), llamadas a menudo compañías estatales (SOCs), abarcan a aquellas entidades que son en totalidad o en la mayor parte propiedad de los gobiernos, creadas para emprender actividades comerciales o empresariales en nombre del gobierno, como por ejemplo Petrobras, Gazprom, Aramco y Qatar Oil.

Algunas compañías petroleras nacionales operan únicamente dentro de sus fronteras nacionales, mientras que otras operan también en el ámbito internacional.

¿Por qué se centra PLQP en las empresas?

El petróleo, la minería y el gas son sectores económicas de suma importancia en unos 60 países en vías de desarrollo o en proceso de transición. El petróleo y otras materias primas están alcanzando precios máximos históricos y aún así, los ciudadanos de estos países pocas veces se benefician de ello. De entre los 3500 millones de habitantes de estos países, unos 1500 millones viven con menos de 2 dólares al día y reúnen a más de dos tercios de la población pobre del mundo.

Las compañías mineras, petroleras y de gas no pueden ni deberían controlar la manera en que los gobiernos hacen uso de los impuestos, las regalías y las tasas. No obstante, sí que tienen la responsabilidad de divulgar los pagos que efectúan, para que los ciudadanos puedan responsabilizar a sus gobiernos de sus recursos. Las empresas que no obran de esta manera son cómplices de la privación de poder del pueblo de los países a los que pertenecen los recursos. El estado mantiene los recursos naturales en fideicomiso para los ciudadanos de un país. Esos ciudadanos tienen un derecho indiscutible a la información sobre la gestión de los ingresos derivados.

Mediante la divulgación de los pagos, las empresas tienen una oportunidad de mostrar su contribución económica a la sociedad y aumentar la posibilidad de que los ingresos que ellas aportan a los gobiernos se usen para el desarrollo sostenible – generando así un entorno comercial estable – en lugar de ser malgastados o desviados por la corrupción, lo que agrava las divisiones sociales y puede llevar a estados débiles e inestables y al conflicto.

Para más información, póngase en contacto con Diarmid O’Sullivan de Global Witness o con Ian Gary de Oxfam América.