Información para un futuro sostenible

De Aroa de la Fuente López el diciembre 18, 2015

Photo by Maina Kiai available under a Creative Commons license

Durante estos días tiene lugar en París la COP21 cuyo objetivo es llegar a un acuerdo vinculante para limitar el aumento de la temperatura global, que ya se encuentra en máximos históricos −1 grado centígrado por encima de la existente antes de la era preindustrial−. En este contexto, este espacio de negociación internacional debe estar a la altura y atender la necesidad de disminuir de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con un horizonte de no ir más allá de 1.5 grados. Además, debe establecer medidas serias para hacer frente a las afectaciones que el cambio de la temperatura ya está teniendo sobre los territorios, el medio ambiente y la población de diferentes rincones del planeta.

Es en este contexto, sumado a los compromisos de la Agenda Post-2015 de desarrollo sostenible aprobada internacionalmente en septiembre de este año, es fundamental que se reencamine el modelo de desarrollo. En América Latina, así como en otras regiones y países, esto debe pasar obligatoriamente por análisis y propuestas que permitan repensar el modelo extractivo y transitar hacia opciones económicas, sociales y fiscales más sostenibles. Y, para que esto sea posible, es necesario que la sociedad cuente con información clara, útil y oportuna sobre las implicaciones sociales, ambientales y climáticas de la actividad minera, petrolera y gasífera, que permita una participación en la toma de decisiones. Esta información debe estar a disposición de las poblaciones directamente afectadas por los proyectos y también a la sociedad en general, para que se den procesos participativos amplios.

Además, debido a las consecuencias de la actividad extractiva, este acceso a información socioambiental ya es una demanda que en América Latina resuena con fuerza, puesto que existe una gran opacidad en la materia. Más allá de conocer qué aporta la explotación de minerales e hidrocarburos a los ingresos del Estado o cómo se gastan estos recursos, la gente pide conocer con anticipación los efectos que tendrá en su entorno, en su vida y en su clima. Esta demanda se ha hecho a través de diferentes espacios, como solicitudes de información a los gobiernos; el impulso de mencanismos vinculantes tales como el Principio 10 de la Declaración de Río, que busca establecer medidas concretas para la garantía del derecho a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental en la región; y, más recientemente, inciativas internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

En el caso específico de la EITI, la sociedad civil de diversos países como Perú, Colombia, México y Trinidad y Tobago han impulsado o se encuentran impulsando, no sin dificultad, la inclusión de compromisos que permitan la divulgación de información socioambiental en esta iniciativa. Y esta es una práctica que también se ha dado en otros lugares como Filipinas, Mongolia y Noruega, entre otros. Por otro lado, en Honduras y Guatemala una parte importante de los actores sociales no han querido participar en los procesos EITI nacionales dado que no lo ven como un espacio en el cuál se pueda ampliar el debate sobre la viabilidad y deseabilidad de esta actividad para sus contextos. Esto es, en parte, porque la iniciativa se centra en dar información sobre el lado amable del extractivismo (los ingresos que genera y su uso en el gasto público) y no sobre sus impactos negativos.

A la luz de esta situación, varias organizaciones y redes como la Red Latinomaricana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Publish What You Pay (PWYP) y el Insituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por su siglas en inglés) han puesto en marcha acciones para lograr que el tema socioambiental sea incluido en el estándar internacional de la EITI. Si realmente se quiere lograr que esta iniciativa sea de utilidad para la región y para los países donde esta información es de más en más demandanda por la sociedad, es importante que se adecúe y responda a las necesidades de transparencia existentes y al contexto mundial, en los que el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático son de alta prioridad.

Es por ello que el 6 de ciciembre estas organizaciones, en conjunto con Oxfam Francia y con el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), celebramos un espacio de reflexión en torno a este tema como parte de la Cumbre de los Pueblos en el marco de la COP21. Más acciones seguirán en los próximos meses, siendo un momento clave la Conferencia Mundial de EITI que tendrá lugar en Lima los días 24 y 25 de febrero y representa una oportunidad para hacer oir fuerte y clara la voz de la región y de todas las aliadas y aliados de las coaliciones a nivel mundial. Les invitamos a acompañarnos en este camino.

Este blog fue escrito por Aroa de la Fuente López, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación donde funge como Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) Además, es Integrante del Consejo Global y la Junta de Publish What You Pay (PWYP).