Los códigos mineros y las leyes en materia de petróleo tienen un enorme impacto sobre cómo se gestionan los recursos naturales de un país. Los socios de PLQP de todo el mundo quieren influir y cambiar estos marcos legales, para que cambien las reglas y se integre la transparencia y la responsabilidad en el proceso de gestión de los recursos naturales desde el principio. No obstante, tampoco se trata solo de códigos y leyes, la constitución de un país también puede consagrar principios referentes a los recursos naturales.
Algunas de las cosas que puede determinar el marco legal que rige los recursos naturales:
- Si un gobierno decide publicar sus contratos y licencias extractivas.
- Si las comunidades deberían recibir directamente una porción de los ingresos extractivos y qué porción sería la justa.
- Qué parte de los ingresos debería guardarse para futuras generaciones en lugar de ser gastado en el momento.
- Las normas ambientales y otras obligaciones que las empresas deben respetar.
En pocas palabras, estos marcos son esenciales para influir en la buena gestión de los recursos naturales.
Muchos gobiernos de países ricos en recursos pretenden revisar sus códigos petroleros y mineros. Esta es una oportunidad que las coaliciones de PLQP están aprovechando para cambiar la manera en que se administran los recursos y para asegurarse de que el hecho de querer atraer inversores no se traduzca en perjuicios para los ciudadanos.
Algunos ejemplos de la labor actual de las coaliciones de PLQP:
- En Guinea, el Nuevo código minero del 2011 incluye la publicación de todos los contratos mineros, que están disponibles en un repositorio
- En la Costa de Marfil, la coalición de PLQP hizo campaña para que se incluya un sistema de reparto de ingresos en el código minero del 2014, lo que significa que las comunidades recibirán a partir de ahora una parte de las regalías a cambio de los recursos que se extraen localmente.
- Los socios de PLQP Níger participaron en la redacción provisional de la constitución del país en 2010, que contempla la publicación de los contratos extractivos y consagra los principios de transparencia en la gestión de los recursos naturales.
