Noticias: Posicionamiento de sociedad civil latinoamericana ante la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la EITI

La actividad extractiva tiene una marcada presencia en la región latinoamericana, la cual se expandió de manera sustancial durante las últimas décadas, a raíz del aumento de los precios de minerales e hidrocarburos que prácticamente se cuadriplicaron entre 1991 y 2011. Aunque este hecho conllevó efectivamente un mayor crecimiento económico y de la renta extractiva para los países, lo hizo a costa de profundizar el modelo primario-exportador y la especialización en torno a las explotación de los recursos naturales y no se tradujo en medidas para diversificar la economía y las matrices energéticas que permitiesen una mayor sostenibilidad de estos ingresos en el tiempo y el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático.

Por otro lado, los datos señalan que parte de este crecimiento tuvo un impacto en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, que, pese a que siguen siendo elevados, se situaron en sus niveles más bajos desde la década de los 80s. Sin embargo, de manera paralela se dio un aumento de la conflictividad socio-ambiental derivada de las afectaciones a los territorios, el medio ambiente, la población y el clima provocadas por la intensificación y extensión de las actividades extractivas. Numerosas comunidades, así como sectores de la sociedad han levantado sus voces frente a las violaciones de derechos humanos, las transformaciones negativas del mercado laboral, el trabajo infantil, los daños a la salud, el cierre de espacio a las organizaciones de sociedad civil en la región y la degradación ambiental que acompañan, en muchos casos, los proyectos mineros, petroleros y gasíferos.

Ante ello, se han encontrado con sistemas políticos e instituciones que han presentado fallas y limitaciones para la participación efectiva de la población en la toma de decisiones sobre estos proyectos. Estos sistemas han estado sujetos a procesos de corrupción y mecanismos de acceso a la información deficientes y escasa rendición de cuentas. Un ejemplo de ello es la dificultad que los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas enfrentan para que los Estados les garanticen su derecho a la autodeterminación a través del respeto de la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.

A raíz de la presión social, se logró avanzar en algunos de estos campos y, aunque de manera limitada, se dieron avances que permitieron fortalecer la transparencia y los espacios de participación. No obstante, el acceso a información y la participación sobre las implicaciones sociales y ambientales de las actividades extractivas ha seguido siendo un pendiente importante y la conflictividad y el rechazo a esta actividad no ha dejado de incrementarse. Ante esto, la respuesta de las autoridades públicas y las empresas ha sido, en no pocas ocasiones, la criminalización, hostigamiento y persecución de las y los defensores de los territorios que han conllevado, incluso, a la muerte de diversas personas.

La carrera hacia el fondo del extractivismo en la región

Esta situación se ha visto agravada a partir de la caída de los precios de los minerales e hidrocarburos que se viene observando desde 2011 y 2014, respectivamente. Esta situación amenaza con afectar los avances alcanzados en la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región e incluso acentuar estas problemáticas, especialmente en los países altamente dependientes de la explotación de estos recursos. Ante este panorama, existe el gran riesgo, ya constatado en diversos países, de que la región transite la llamada “carrera hacia el fondo”, es decir, por lograr atraer inversiones e impulsar nuevos proyectos extractivos que compensen la caída de los precios a través de mayores niveles de producción. Medidas para ello son el debilitamiento de la institucionalidad y regulación ambiental, la neutralización de la legislación sobre consulta previa y consentimiento, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal que supone mayores facilidades e ingresos para las empresas a costa del Estado, la población, el medio ambiente y el clima.

Esto se da, además, en un momento donde los Estados se han comprometido a evitar un aumento de la temperatura global de más de 1.5-2°C mediante el Acuerdo de París y a implementar la Agenda de Desarrollo Sostenible, mientras se está impulsando el Principio 10 para crear una declaración sobre participación y acceso a la información y a la justicia en materia ambiental y con Estados que cuentan con obligaciones específicas para garantizar los derechos humanos.

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en Latinoamérica

Es en este contexto en el que se inserta la celebración de la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) que tendrá como sede la región latinoamericana, al celebrase los días 23, 24 y 25 de febrero en la ciudad de Lima (Perú). La EITI es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 48 países con el objetivo de promover mayor transparencia y participación de la sociedad en las actividades extractivas. Actualmente, diversos países de América Latina y el Caribe se encuentran involucrados en esta iniciativa, con diferentes grados de avance, legitimidad y participación. Es el caso Perú, Colombia, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago, República Dominicana y México. Además, hay conversaciones en Chile para una posible adhesión a la misma. Es importante señalar que en Centro América, EITI ha estado sujeta a fuertes cuestionamientos y hay señalamientos en torno a la falta de legitimidad del proceso, dado que numerosas organizaciones han señalado la imposición de la iniciativa como un medio para promover la actividad extractiva, ante el rechazo social a la misma existente en estos países.

De esta manera, diversos países están recurriendo a este espacio de gobernanza para lograr allegarse de información que por diversas razones, como las expuestas anteriormente, no se encuentra disponible actualmente, así como para fortalecer los espacios de participación. Un ejemplo de ello es las demandas de la sociedad civil de que se establezcan compromisos específicos para la publicación de información relacionada con los aspectos sociales y ambientales de la actividad extractivas. Esto, además, es una tendencia también a nivel mundial, donde 12 de los 48 procesos nacionales EITI han incluido requerimientos en este sentido, promovidos en parte por una ampliación de las organizaciones y colectivos que se encuentran participando en la iniciativa.

Ante este panorama y con ocasión de la Conferencia Mundial de EITI, las organizaciones de sociedad civil que subscribimos este pronunciamiento ponemos de manifiesto que:

1. La población de América Latina y el Caribe tenemos derecho a exigir la máxima transparencia, acceso a la información y participación en las actividades extractivas en términos económicos, financieros, sociales y ambientales, así como que las políticas en la materia respeten el medio ambiente, los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, otras comunidades étnicas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales, y los compromisos en materia de cambio climático y sostenibilidad.

2. En este sentido, EITI representa un espacio de oportunidad para avanzar en la agenda de transparencia y acceso a la información, por lo que desde la región hacemos un llamado a que responda a las necesidades de información existentes e impulse la incorporación de compromisos en materia socio-ambiental en los procesos EITI nacionales, así como su inclusión en el estándar internacional de la iniciativa.

3. Dado el carácter multi-actor de la EITI, supone un espacio importante para la participación de la sociedad en las decisiones del sector extractivo, siempre que se garantice la participación de sociedad civil independiente, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, es importante que se aseguren condiciones para que esta participación pueda darse en un ambiente de seguridad, confianza y libertad, en la que haya espacio para decidir si la EITI responde o no a las necesidades nacionales y actuar en consecuencia.

4. Por otro lado, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en impulsar la participación de sociedad civil independiente en EITI, tanto a nivel nacional como internacional, y en fortalecer la iniciativa haciéndola más relevante para las necesidades de información existentes en la sociedad.

5. Por esta razón, reconocemos igualmente el rol que el Comité de Nominaciones de PWYP, formado por dos miembros PWYP y dos miembros no PWYP, ha jugado en la la selección imparcial de 10 representantes de la sociedad civil independientes y sumamente cualificados para el nuevo Consejo EITI, decisión que será ratificada en Lima por la Asamblea de Miembros de EITI. Por ello, hacemos un llamado al Consejo, la Presidencia y el Secretariado de EITI para que garantice que las decisiones de este Comité sean respetadas.

6. Por último, celebramos la selección de Ana Carolina González de la Universidad Externado y la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas de Colombia, y de César Gamboa de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR y la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) como representantes de América Latina en este nuevo Consejo. Este hecho responde adecuadamente a la presencia creciente de EITI en la región y representa una oportunidad clave para impulsar el fortalecimiento de la iniciativa durante los próximos años, a través del fortalecimiento y expansión del componente socio-ambiental en la misma y la participación de la sociedad civil de la región.

Organizaciones firmantes Grupo Propuesta Ciudadana - Perú Foro Nacional por Colombia - Colombia Grupo Faro - Ecuador Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS) - México Fundar, Centro de Análisis e Investigación - México Freshwater Action Network Mexico (FANMex) - México Cooperacción - Perú Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR - Perú DECA Equipo Pueblo - México TOXISPHERA Associação de Saúde Ambiental - Brasil APROMAC Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte - Brasil AMAR Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucaria - Brasil Asociación Ambiente y Sociedad - Colombia Fundación Jubileo - Bolivia Fundación Terram - Chile Cultura Ecológica - México Alianza Mexicana contra el Fracking - México Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) - Bolivia Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) - Perú Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú - Perú Comunicación y Educación Ambiental - México Causa Natura - México Costa Rica Íntegra - Costa Rica Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social do Brasil - Brasil Transparencia Mexicana - México Centro de los Derechos del Campesino - Nicaragua Centro de Iniciativas en Políticas Ambientales - Nicaragua Coordinadora Civil Red de Managua - Nicaragua Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) - Perú Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - Brasil FOCO Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos - Argentina Foro Ecológico del Perú - Perú Red Regional agua, desarrollo y democracia (REDAD) - Piura, Perú Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) - Argentina Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) - México Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) Observatorio de Expansión Minero Energética y Re-existencias Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) Coalición Regional por la Transparencia y la Participación Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for International Environmental Law Oxfam América Latina DPLF Fundación para el Debido Proceso

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